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CHA INSISTE EN REFORMAR LA LEY PARA PODER APARTAR A CARGOS PÚBLICOS CORRUPTOS
Chunta Aragonesista presentará el jueves 26 de septiembre, en el próximo pleno de las Cortes, una proposición de ley para reformar la Ley de enjuiciamiento criminal de forma que un juez pueda suspender provisionalmente a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción.
“Si el juez puede enviar a la cárcel provisionalmente a un imputado, privándole de libertad, ¿por qué no puede suspenderle de ejercer su cargo público también preventivamente”, se ha preguntado Soro, que ha insistido en que el jueves se vota la toma en consideración de la iniciativa, y que después se trata de mejorarla en el trámite parlamentario. “Para este primer paso sólo se necesita voluntad política, pero real, no de boquilla”, ha afirmado.
CHA ya presentó esta misma propuesta hace 3 años, a raíz del escándalo de corrupción de La Muela, pero PP-PSOE y PAR votaron en contra de su toma en consideración en las Cortes y lo mismo hicieron en el Senado: CHA presentó allí la iniciativa gracias al acuerdo de colaboración con Bloc per Mallorca y PSM-Verds.
«¿Será este tercer intento el vencido?«, se ha preguntado Soro. Para CHA es urgente y necesario: “si no hubiéramos perdido tres años, ahora no habría imputados en cargos públicos o listas electorales, como sigue sucediendo, y la política habría ganado en transparencia y credibilidad ante la ciudadanía”, ha concluido José Luis Soro.
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CREMATORIO, POR FRANCHO 2.0
Vía Diario Aragonés
Estos días se está haciendo publicidad de una nueva serie de televisión en una cadena privada titulada como este artículo:
Crematorio. La corrupción es el eje central de su argumento, pero, como en los contratos, también hay que leer «la letra pequeña«, porque ahí surje la sorpresa , estupefacción, asombro o busque cada uno el adjetivo que mejor le defina su estado de ánimo, cuando se ve el logotipo de la Generalitat valenciana como patrocinadora de la misma.
En estos momentos, donde «trajes y regalos» que son solo la punta del iceberg del ladrillazo y la corrupción allá en Valencia, hay que ver el poco «reparo» que ha demostrado el PP levantino.
Puestos a «ligar«, al modo tan genuinamente surrealista, lo de allá con lo de acá: ¿Se imaginan que en Aragón, se publicitaran vallas, por ejemplo, con el logotipo de los regionalistas del PAR (al estilo de los que se ven ahora apropiándose partidista e indebidamente de la televisión pública y demás proyectos del gobierno) recordando la gestión en el ayuntamiento de La Muela como paradigma de la acción municipal?
Aunque pensándolo más tranquilamente tampoco sería tan «disparatado» que hubiera pasado, al menos hasta hace bien poco «justito» antes de que se hicieran públicas las investigaciones judiciales, Pinilla «era todo un ejemplo de cómo se hacen las cosas en política«, según decía Biel, incluso se rumoreó que la todavía alcaldesa iba a coger su proyecto de tranvía y «desembarcar» como candidata a la alcaldía de Zaragoza.
Y la «despedida» de hoy es para recordar que esta presunta corrupta sigue siendo la regidora del municipio aragonés porque así lo quieren PP y PSOE. Hay que recordar siempre, y más ahora en plena precampaña electoral,a quienes se negaron a votar en el Senado una propuesta conjunta de los nacionalistas aragoneses y baleares para impedir situaciones de este tipo.
ACTUEMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN. POR NIEVES IBEAS VUELTA, PRESIDENTA NAZIONAL DE CHA
Es un espectáculo bochornoso ver a María Victoria Pinilla, imputada por once delitos, sentarse de nuevo en su sillón de alcaldesa de La Muela tras salir de prisión con una fianza de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que vuelva a ocupar el cargo público desde el que presuntamente cometió los hechos por los que está encausada? Ésta es la pregunta recurrente que todo el mundo nos hemos hecho durante este año.
Con la legislación vigente, Pinilla sólo dejaría de ser alcaldesa en tres supuestos: si dimitiera, si prosperara una moción de censura o si se disolviera el Ayuntamiento de La Muela. Está claro que ella no piensa dimitir y que los concejales que la apoyan no le van a retirar su confianza. El Gobierno de Aragón y los partidos que lo forman, PSOE y PAR, se niegan a iniciar los trámites para que el Gobierno central disuelva ese Ayuntamiento, como hizo en su día con el de Marbella. Entonces, ¿no puede hacerse nada?
En Chunta Aragonesista creemos firmemente que las instituciones democráticas y los partidos políticos tenemos la obligación de luchar contra la corrupción con todos los medios a nuestro alcance, y, si éstos resultan insuficientes, habrá que buscar nuevas fórmulas. Por tanto, si la ley actual no permite a los jueces apartar inmediatamente de la gestión pública a un cargo imputado por corrupción, hay que cambiar la ley. Es así de sencillo.
Esto es precisamente lo que proponemos al resto de grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su cargo público a las personas imputadas por delitos de corrupción. Si los jueces, mediante la prisión provisional, pueden privar de su libertad a una persona imputada, ¿por qué no van a poder apartarla de su cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general, cuando haya evidencias fundadas de que lo ha utilizado en provecho propio?
Por supuesto, los jueces sólo podrían acordar la suspensión provisional del ejercicio de un cargo público con las máximas garantías procesales y siempre que concurran tres requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza. En definitiva, proponemos los mismos requisitos y garantías procesales que la ley ya prevé para acordar la prisión provisional, sin que nadie plantee que esa privación preventiva de libertad vulnera el derecho a la presunción de inocencia.
Si conseguimos que una mayoría suficiente de diputados y diputadas de las Cortes de Aragón esté dispuesta a tramitar nuestra iniciativa, se abrirá un plazo de enmiendas y debate y, entre todos los grupos parlamentarios, elaboraremos un texto definitivo que se remitirá al Congreso de los Diputados, único competente para aprobar cualquier modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo esencial, por tanto, es que todos los partidos coincidamos en la necesidad de que los jueces puedan apartar de forma inmediata de las instituciones a los corruptos. Si todos compartimos este principio, no hay duda de que llegaremos a un acuerdo.
Cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social. Pretendemos, en definitiva, que la sociedad constate que el Estado de Derecho tiene recursos suficientes para reaccionar frente a la corrupción y que los partidos políticos estamos dispuestos a comprometernos con toda la contundencia que exige la defensa de los valores democráticos.
La política es una actividad digna y quienes nos dedicamos a ella no podemos permitir que unos cuantos sinvergüenzas nos pongan a todos bajo sospecha. No podemos rendirnos ante la corrupción. Actuemos.
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