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CHA INSISTE EN REFORMAR LA LEY PARA PODER APARTAR A CARGOS PÚBLICOS CORRUPTOS
Chunta Aragonesista presentará el jueves 26 de septiembre, en el próximo pleno de las Cortes, una proposición de ley para reformar la Ley de enjuiciamiento criminal de forma que un juez pueda suspender provisionalmente a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción.
“Si el juez puede enviar a la cárcel provisionalmente a un imputado, privándole de libertad, ¿por qué no puede suspenderle de ejercer su cargo público también preventivamente”, se ha preguntado Soro, que ha insistido en que el jueves se vota la toma en consideración de la iniciativa, y que después se trata de mejorarla en el trámite parlamentario. “Para este primer paso sólo se necesita voluntad política, pero real, no de boquilla”, ha afirmado.
CHA ya presentó esta misma propuesta hace 3 años, a raíz del escándalo de corrupción de La Muela, pero PP-PSOE y PAR votaron en contra de su toma en consideración en las Cortes y lo mismo hicieron en el Senado: CHA presentó allí la iniciativa gracias al acuerdo de colaboración con Bloc per Mallorca y PSM-Verds.
«¿Será este tercer intento el vencido?«, se ha preguntado Soro. Para CHA es urgente y necesario: “si no hubiéramos perdido tres años, ahora no habría imputados en cargos públicos o listas electorales, como sigue sucediendo, y la política habría ganado en transparencia y credibilidad ante la ciudadanía”, ha concluido José Luis Soro.
¿SE REPETIRÁ ESTE TITULAR EN LA PRÓXIMA CAMPAÑA ELECTORAL EN LA MUELA?
ARANADE TENDRÁ QUE DEVOLVER MÁS DE SEIS MILLONES AL AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN
La empresa Aranade, gestora del urbanismo municipal de Orkoien en los últimos años, tendrá que devolver definitivamente los 6.791.097 euros que cobró del Ayuntamiento por sus servicios. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra declaró nulos los contratos del Consistorio con esta firma en abril de 2009 y por tanto todos los pagos efectuados a ella. Ahora, un auto del mismo Tribunal del pasado 1 de septiembre rechaza el recurso de Aranade, al que se adhirió el Ayuntamiento, a los que a su vez condena al pago de las costas.
«No sabemos si pueden emplear alguna artimaña legal, pero para nosotros esto es el final, hay una sentencia firme que no se puede recurrir», explicaron ayer los representantes del grupo de vecinos que desde el año 2006 litigan en los tribunales. Estos vecinos, entre los que se encuentran Carlos Armendáriz y Fernando Suescun, concejales de NaBai y del PSN, respectivamente, instaron al Ayuntamiento a que inicie ya, por la vía que corresponda, los trámites para recuperar el dinero.
El Ayuntamiento de Orkoien, presidido por Casimiro Larrea, en la anterior legislatura en Izquierda Unida y en la actual en la Agrupación de Izquierdas de Orkoien, y siempre con mayoría absoluta, adjudicó a través de la sociedad municipal Iturgain distintos contratos de gestiones urbanísticas a la empresa Aranade sin concurso. El Tribunal Superior de Justicia declaró nulos estos contratos y los pagos efectuados en abril de 2009. Según los vecinos, el Ayuntamiento se limitó entonces a enviar un escrito a Aranade para que «manifestara lo que considere conveniente», a lo que la empresa contestó con una serie de alegaciones y el Consistorio no hizo más gestiones. Meses más tarde, los vecinos solicitaron la ejecución forzosa de la sentencia, lo que el tribunal aceptó el pasado mes de febrero. Aranade volvió a recurrir, recurso al que se adhirió el Ayuntamiento, y ahora el último fallo rechaza estos recursos.
De toda esta actuación del Ayuntamiento, los vecinos deducen que «el alcalde y los miembros de su grupo no quieren recuperar el dinero que debería estar en las arcas municipales» y le acusan de «defender los intereses particulares de la mercantil Aranade, en contra de los intereses del pueblo de Orkoien».
Este grupo de vecinos considera que si no se recuperan las cantidades pagadas indebidamente, la responsabilidad económica tendrá que ser asumida por quienes «con sus votos en el consejo de administración acordaron la celebración de estos contratos a dedo». En la actualidad forman parte del consejo de la sociedad urbanística municipal el alcalde, Casimiro Larrea, y cuatro concejales de su grupo. Los vecinos aclararon que ésta no es «una disputa política» y dijeron estar «hartos» de que un promotor «diga en nuestro pueblo todo lo que hay que hacer en materia de urbanismo y vivienda».
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