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CHA PROPONE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

EL JUSTICIA RESPALDA LA PROPUESTA DE CHA PARA SUSPENDER A CARGOS PÚBLICOS IMPUTADOS

El Diputado de CHA, Bizén Fuster, ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a cargos públicos en aras del interés general y así evitar situaciones como la del Ayuntamiento de La Muela.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha mostrado hoy favorable a suspender a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción. El Justicia ha respondido así al diputado de CHA, Bizén Fuster, en el pleno de las Cortes de Aragón donde ha comparecido este miércoles para presentar el informe anual de la actividad de esta Institución de 2009.

Fuster ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a cargos públicos en aras del interés general y así evitar situaciones como la del Ayuntamiento de La Muela, cuya alcaldesa, María Victoria Pinilla, y dos concejales están imputados en una investigación judicial por corrupción urbanística, a pesar de lo cual Pinilla sigue al frente del consistorio, tras haber estado unos meses en prisión preventiva y haber salido bajo fianza de 800.000 euros. El mismo caso se ha producido en El Ejido, Almería.

Es decir, el Justicia ha respaldado la iniciativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Crimininal para conseguir este objetivo, una iniciativa que, el pasado 3 de junio, los grupos parlamentarios del PSOE, PP y PAR votaron en contra e impidieron que prosperara en las Cortes para que después se presentara ante las Cortes Generales, las únicas competentesa para reformar una ley orgánica comoe s el caso. Tras este rechazo, CHA ha llevado esta iniciativa directamente al Senado gracias a su acuerdo de colaboración política con PSM-Entesa Nacionalista de Baleares, y el pasado 10 de junio quedó registrada en la Cámara Alta.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN HA TARDADO UN AÑO EN CESAR A UNO DE LOS IMPUTADOS POR EL CASO LA MUELA

CHA preguntará en el próximo pleno los motivos por los que se ha tardado un año en cesar a este imputado y la la labor inspectora del Gobierno de Aragón en el urbanismo de La Muela, donde, por ejemplo, un hijo de la alcaldesa sigue construyendo una casa en una zona acotada por el Ministerio de Defensa.

Chunta Aragonesista quiere conocer los motivos por los que el Gobierno de Aragón ha cesado ahora a Carlos Martín Rafecas como director de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza, y no antes, ya que lleva casi un año imputado por tráfico de influencias en la Operación Molinos, que investiga irregularidades cometidas desde el Ayuntamiento de La Muela. CHA ha registrado ya una pregunta oral al consejero competente, Alfonso Vicente, que deberá contestar en el próximo pleno de las Cortes.

“La Ponencia Técnica es muy importante porque es la que prepara los asuntos y elabora las propuestas de resolución para cada reunión de la Comisión, y su director es designado por la dirección general responsable de Urbanismo”, ha explicado el diputado Bizén Fuster, que recuerda que, a pesar de este cambio, Martín Rafecas seguirá siendo miembro de la Comisión y ocupando el cargo de subdirector provincial de Urbanismo.

Esta no será la única cuestión sobre la que CHA solicitará información al Gobierno en relación con La Muela, donde, al parecer, se sigue construyendo en la zona de seguridad del oleoducto militar Rota-Zaragoza acotada por el Ministerio de Defensa. De hecho es el propio hijo de la alcaldesa quien sigue levantando allí su casa, a pesar de que en 2008 Defensa ya multó tanto al marido de la alcaldesa de La Muela y a su otro hijo con 60.000 euros por ubicar allí sus viviendas en esa zona. “Teniendo en cuenta que el departamento competente en Urbanismo puede ejercer amplias funciones inspectoras y proponer incluso sanciones si no se cumple la legislación urbanística, pediremos al consejero que explique qué actuaciones ha realizado al respecto en este último año para evitar, por ejemplo, casos de este tipo”, ha explicado Fuster.