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LA OPOSICIÓN IMPIDE QUE LA ALCALDESA RECUPERE LA PAGA EXTRA. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN (29.12.12)
ARANADE TENDRÁ QUE DEVOLVER MÁS DE SEIS MILLONES AL AYUNTAMIENTO DE ORKOIEN
La empresa Aranade, gestora del urbanismo municipal de Orkoien en los últimos años, tendrá que devolver definitivamente los 6.791.097 euros que cobró del Ayuntamiento por sus servicios. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra declaró nulos los contratos del Consistorio con esta firma en abril de 2009 y por tanto todos los pagos efectuados a ella. Ahora, un auto del mismo Tribunal del pasado 1 de septiembre rechaza el recurso de Aranade, al que se adhirió el Ayuntamiento, a los que a su vez condena al pago de las costas.
«No sabemos si pueden emplear alguna artimaña legal, pero para nosotros esto es el final, hay una sentencia firme que no se puede recurrir», explicaron ayer los representantes del grupo de vecinos que desde el año 2006 litigan en los tribunales. Estos vecinos, entre los que se encuentran Carlos Armendáriz y Fernando Suescun, concejales de NaBai y del PSN, respectivamente, instaron al Ayuntamiento a que inicie ya, por la vía que corresponda, los trámites para recuperar el dinero.
El Ayuntamiento de Orkoien, presidido por Casimiro Larrea, en la anterior legislatura en Izquierda Unida y en la actual en la Agrupación de Izquierdas de Orkoien, y siempre con mayoría absoluta, adjudicó a través de la sociedad municipal Iturgain distintos contratos de gestiones urbanísticas a la empresa Aranade sin concurso. El Tribunal Superior de Justicia declaró nulos estos contratos y los pagos efectuados en abril de 2009. Según los vecinos, el Ayuntamiento se limitó entonces a enviar un escrito a Aranade para que «manifestara lo que considere conveniente», a lo que la empresa contestó con una serie de alegaciones y el Consistorio no hizo más gestiones. Meses más tarde, los vecinos solicitaron la ejecución forzosa de la sentencia, lo que el tribunal aceptó el pasado mes de febrero. Aranade volvió a recurrir, recurso al que se adhirió el Ayuntamiento, y ahora el último fallo rechaza estos recursos.
De toda esta actuación del Ayuntamiento, los vecinos deducen que «el alcalde y los miembros de su grupo no quieren recuperar el dinero que debería estar en las arcas municipales» y le acusan de «defender los intereses particulares de la mercantil Aranade, en contra de los intereses del pueblo de Orkoien».
Este grupo de vecinos considera que si no se recuperan las cantidades pagadas indebidamente, la responsabilidad económica tendrá que ser asumida por quienes «con sus votos en el consejo de administración acordaron la celebración de estos contratos a dedo». En la actualidad forman parte del consejo de la sociedad urbanística municipal el alcalde, Casimiro Larrea, y cuatro concejales de su grupo. Los vecinos aclararon que ésta no es «una disputa política» y dijeron estar «hartos» de que un promotor «diga en nuestro pueblo todo lo que hay que hacer en materia de urbanismo y vivienda».
CONTRA LA CORRUPCIÓN, ¿SOMOS BICHOS RAROS? POR NIEVES IBEAS VUELTA, PRESIDENTA NAZIONAL DE CHA Y DIPUTADA DE CHA EN LAS CORTES DE ARAGÓN
El Senado ha dicho no a la iniciativa de CHA contra la corrupción. Es incomprensible que un juez pueda enviar provisionalmente a la cárcel a un cargo público imputado por delitos de corrupción, de forma provisional, y que, sin embargo, no pueda apartarle de su cargo público, también de forma provisional, sin tener que mandarle a la cárcel.
Pero más incomprensible me parece que un partido político que dice que hay que combatir la corrupción, vote en contra de una propuesta para que los jueces puedan apartar de su cargo público a una persona imputada por delitos de corrupción, siempre de forma provisional, mientras dura la instrucción correspondiente, con la excusa de que se atenta contra la presunción de inocencia.
¿Desde cuándo atenta más a la presunción de inocencia apartar provisionalmente de su cargo público a una persona imputada de corrupción que enviarla a la cárcel? Que me lo explique alguien, porque yo ya no entiendo nada.
Hoy se debatía en el Senado la toma en consideración de nuestra Proposición de Ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este sentido, gracias a que el Bloc per Mallorca i PSM-Verds la ha defendido como propia, a quien quiero agradecer expresamente desde aquí, y, de forma muy especial, al senador proponente, Pere Sampol Mas. El resto la han votado en contra o se han abstenido, es decir, que han rechazado la posibilidad de que se abriera un proceso de debate parlamentario para lograr un texto común, mejorado, que es lo que, en términos parlamentarios, significa una “toma en consideración”.
¿Tanta gente puede pensar que Mª Victoria Pinilla, alcaldesa de La Muela, Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, y compañía están mejor en sus puestos políticos que en su casa, mientras dura la instrucción judicial? ¿Incluso sabiendo todo lo que ha salido a la luz hasta el momento…?
No me lo puedo creer, pero cuando ves los resultados de las votaciones en las Cortes o ahora en el Senado, es descorazonador. Más vale que tengo más moral que el Alcoyano, igual que el resto de mis compañeros y compañeras de CHA, porque es el colmo.
¿No será que los políticos y los partidos políticos van por un lado (en este caso, me niego a decir “vamos” ) … y la ciudadanía va por otro?
Nosotros seguimos pensando que los partidos políticos tenemos la obligación de explorar todas las fórmulas contra la corrupción, porque cosas así son las que pueden ayudarnos a recuperar nuestra credibilidad y la confianza de la ciudadanía.
Votaciones como la de hoy en el Senado, de rebote, le hacen un flaco favor a la Justicia, que ahora no puede responder como debería hacerlo porque no lo permite la Ley.
Cuando presentamos esta iniciativa en Aragón, la propuesta fue bien acogida en círculos judiciales. De hecho, el Juez Decano de Zaragoza, Ángel Dolado, manifestó públicamente que la consideraba “factible y positiva”. Y el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, también se mostró favorable. Desde aquí les reitero públicamente el agradecimiento de CHA por haberse atrevido a decir lo que dijeron.
Las leyes no las hacen los jueces, sino los parlamentos. Y en el tema de la corrupción hace falta que se legisle para que los jueces puedan combatirla con más instrumentos y, por tanto, con más eficacia. Frenar esta iniciativa significa frenar muchas cosas… Y seguro que hay quien se tomará hoy una copita para celebrar que nuestra propuesta no haya salido adelante.
EL JUSTICIA RESPALDA LA PROPUESTA DE CHA PARA SUSPENDER A CARGOS PÚBLICOS IMPUTADOS
El Diputado de CHA, Bizén Fuster, ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a cargos públicos en aras del interés general y así evitar situaciones como la del Ayuntamiento de La Muela.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha mostrado hoy favorable a suspender a un empleado o cargo público que tenga imputaciones graves en un proceso judicial por haber, presuntamente, cometido delitos de corrupción. El Justicia ha respondido así al diputado de CHA, Bizén Fuster, en el pleno de las Cortes de Aragón donde ha comparecido este miércoles para presentar el informe anual de la actividad de esta Institución de 2009.
Fuster ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a cargos públicos en aras del interés general y así evitar situaciones como la del Ayuntamiento de La Muela, cuya alcaldesa, María Victoria Pinilla, y dos concejales están imputados en una investigación judicial por corrupción urbanística, a pesar de lo cual Pinilla sigue al frente del consistorio, tras haber estado unos meses en prisión preventiva y haber salido bajo fianza de 800.000 euros. El mismo caso se ha producido en El Ejido, Almería.
Es decir, el Justicia ha respaldado la iniciativa para reformar la Ley de Enjuiciamiento Crimininal para conseguir este objetivo, una iniciativa que, el pasado 3 de junio, los grupos parlamentarios del PSOE, PP y PAR votaron en contra e impidieron que prosperara en las Cortes para que después se presentara ante las Cortes Generales, las únicas competentesa para reformar una ley orgánica comoe s el caso. Tras este rechazo, CHA ha llevado esta iniciativa directamente al Senado gracias a su acuerdo de colaboración política con PSM-Entesa Nacionalista de Baleares, y el pasado 10 de junio quedó registrada en la Cámara Alta.
MIENTRAS TANTO, EN ORKOIEN…
La firma que gestionó el urbanismo de Orkoien no paga los 6,7 millones que debe al municipio. Diario de Navarra. (04.03.10).
También en Noticias de Navarra.
La promotora que gestionó el urbanismo de Orkoien (Aranade) tiene que pagar al Ayuntamiento más de seis millones de euros (6.791.097) antes del 31 de marzo. Así lo fija una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Pamplona, que «ordena al Ayuntamiento de Orkoien, en el improrrogable plazo de 30 días acredite fehacientemente que los pagos efectuados por la empresa municipal de urbanismo de Orkoien, Iturgain S.A., han sido devueltos por Aranade».
El motivo por el cual Aranade debe pagar 6.791.097 euros a las arcas municipales de Orkoien estriba en la «nulidad radical», en palabras de una sentencia del TSJN de mayo de 2009, de la adjudicación que hizo la alcaldía a dedo a la promotora Aranade para que gestionara el urbanismo municipal. Dicha adjudicación se realizó en 1998, «directamente y de plano, al margen de las modalidades y formas legalmente contempladas», por la corporación encabezada por el alcalde, Casimiro Larrea, ahora en el grupo Unión de Izquierda de Orkoien, y cuando se realizó la adjudicación en IU.
El fallo declaró también nulos los pagos realizados por Iturgain (sociedad municipal creada para desarrollar el urbanismo local) de las facturas emitidas por Aranade (los 6,7 millones). La Cámara de Comptos ya presentó un informe en diciembre de 2005 que reflejaba que la sociedad municipal Iturgain había adjudicado la gestión urbanística y promoción de parcelas a Aranade irregularmente. Comptos estimaba en su informe que Orkoien pagó 2 millones más a la promotora, aumentando del 6 al 10 % el porcentaje que Aranade recibía por las promociones desarrolladas.
El grupo de vecinos que ha interpuesto la demanda, formado por Miguel Muñoz Ciaurriz; el portavoz de NaBai en el Ayuntamiento, Karlos Armendáriz Murillo; Begoña Armendáriz Murillo; Santos Erchalecu Oroquieta; José Luis Narvaez Lizarraga y Mikel Narvaez Haerkens, pedía ayer al Ayuntamiento de Orkoien que «solicite la vía de apremio para cobrar tan importante cantidad de dinero para el municipio. Pese a que el alcalde diga que ya ha iniciado las gestiones para recuperar ese dinero, en realidad tenemos constancia de que no ha movido un dedo. Este Ayuntamiento siempre ha tenido una connivencia total con la empresa demandada, Aranade, que campa a sus anchas en lo referente a temas de urbanismo. El Plan General de Urbanismo se hizo a su imagen y semejanza, y lo han modificado por intereses empresariales tantas veces les ha parecido oportuno», aseguraban ayer los demandantes.
En una comparecencia pública, que contó además con la presencia del portavoz socialista en el consistorio, Fernando Suescun, se abogó por «solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir explicaciones al alcalde e indicarle que solicite cuanto antes la vía de apremio en los tribunales para cobrar lo más pronto posible lo adeudado».
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